A partir de una consulta que recibí aquí en mi página, quiero convertir las respuestas a esa consulta en una nota para compartir públicamente.

Se trata de una consulta realizada por un alumno de sexto año de un colegio  religioso sobre la legalización del aborto. Como son preguntas que aparecen recurrentemente quiero aprovecharlas para responder públicamente a los tópicos que proponen.

 1. “Con respecto a la objeción de conciencia, obligar a una institución católica como puede ser el Sanatorio Mater Dei ¿no atenta contra el derecho constitucional que tiene esa institución que está vinculado con la religión? ¿Qué se piensa hacer al respecto si estas instituciones terminan negándose, como ya lo han anticipado?”

Primero que nada, es importante leer qué dice el texto del proyecto de ley  aprobado por la Cámara de Diputados:

ARTÍCULO 15°- Objeción de conciencia. El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.

El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.

La objeción puede ser revocada en iguales términos, y debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe el/la profesional.

El/la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requieran atención médica inmediata e impostergable.

Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.

Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.

Una de las razones que sustentan este artículo es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en el caso F.A.L. el derecho del personal sanitario a la objeción de conciencia. Este permite que, excepcionalmente, algunas personas se excusen de cumplir con una obligación legal por razones morales o religiosas. Sin embargo, allí destacó que su ejercicio no puede convertirse en un obstáculo para que una mujer interrumpa su embarazo.

La mayoría de los protocolos de atención dictados como consecuencia de la sentencia de la Corte establecen que esta “objeción de conciencia” debe ejercerse en forma individual en el momento de entrada en vigor del protocolo o cuando el/la profesional comienza a prestar servicios en un centro de salud.

En relación a  este punto, otras normas sobre derechos reproductivos también prevén la figura de la objeción de conciencia. Si bien la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de 2002 reconoce que “[l]as instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud, podrán con fundamento en sus convicciones” exceptuarse de prescribir y suministrar métodos anticonceptivos, normas posteriores han restringido esta posibilidad. Así, la Ley 26.130 sobre el Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica de 2006 reconoce la “objeción de conciencia” individual sosteniendo que “la existencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata”.

Estos son algunos de los antecedentes jurídicos que brindan fundamento a la redacción del Artículo 15. Como se puede ver, no existe algo así como el derecho constitucional a que un Sanatorio pueda exceptuarse de cumplir con una norma vigente, según se expresa en la pregunta.

Por supuesto que el texto del proyecto de ley aprobado por Diputados podría ser modificado en el Senado para que contemple que haya instituciones que por razones de su ideario puedan quedar exceptuadas de realizar las prestaciones legales de aborto. En tal caso, de incluirse algo así, al igual que para el caso en que el 100% del personal médico de una institución se declarase objetor de conciencia, la institución debe garantizar el derecho de la mujer a ser derivada a otro centro asistencial, adoptando todas las medidas necesarias para que cada paciente acceda efectivamente a la práctica.

Creo que el actual texto contempla lo verdaderamente importante, la objeción de conciencia individual. No veo mayores razones que justifiquen introducir la objeción institucional, sin embargo, de hacerlo, se debe cuidar que no vulnere el derecho al acceso al aborto legal que esta ley debe garantizarle a las mujeres.

2. “Al mismo tiempo, qué es lo que ocurrirá en provincias católicas conservadoras en donde pocos doctores aceptaran llevar a cabo los abortos. Qué se piensa hacer al respecto con la situación que están pasando muchos hospitales que están en situación de crisis sin instrumentos básicos. Al ser un aborto farmacológico se necesitaran tanto un ecógrafo como un ecografista que no se encuentran en todos los hospitales, esto hará que muchos hospitales no podrán llevar a cabo los abortos y si lo harán no será en condiciones ideales”.

Sin duda que en aquellas provincias “católicas conservadoras”, como las calificas, habrá muchos profesionales que optarán por ser objetores de conciencia. Precisamente, por eso es tan importante que la ley contemple la objeción de conciencia y la obligación de que las instituciones de salud estén preparadas para realizar las derivaciones correspondientes y brindar la información que corresponda.

Se suele argumentar mucho acerca de los costos que insumiría la práctica del aborto legal para el sistema de salud y para las provincias con menos recursos.

Esto parte de minimizar o ignorar que hoy el sistema de salud se hace cargo del costo que implica la práctica del aborto clandestino. Recordemos que las cifras oficiales nos muestran entre 40.000 y 50.000 las internaciones anuales por consecuencias de abortos clandestinos.

Esas complicaciones por abortos practicados requieren de intervenciones complejas y tienen un alto grado de mortalidad: hoy en día, según datos oficiales, el aborto es la principal causa individual de muerte materna en la Argentina. Cuando una paciente llega al hospital público con un aborto en curso o con complicaciones, el procedimiento médico que requiere es en general complejo. En la mayoría de los casos la paciente debe permanecer internada, someterse a cirugías y puede requerir cuidados intensivos; todos procedimientos más riesgosos y costosos que las intervenciones ambulatorias que se realizan cuando el aborto es planificado, y principalmente, farmacológico.

Las estimaciones  que se han hecho entre el costo que representa el aborto clandestino y el costo que representan el aborto legal nos indican una reducción del orden del 40%.

Por lo tanto, no es un problema de costos, todo lo contrario, nos cuesta mucho más, en plata y en salud, el aborto clandestino.

3. “Se piensa controlar el personal de los hospitales para asegurar que se encuentre el personal estipulado y necesario? ( psicólogos , agentes sociales, etc)”

Se trata de una cuestión operativa y de aplicación de la norma en el que concurren responsabilidades nacionales, provinciales y municipales. No veo aquí impedimentos que hagan particularmente preocupante que se pueda cumplir con la norma propuesta.

4. “Si entiende que no es arbitrario el hecho de que una mujer pueda decidir si abortar a los 16 años pero recién decidir por si misma si  tatuarse a los 18 años?”.

Hay un error serio en esta pregunta, ya que el Código Civil de la Nación ya establece que los menores entre 13 y 16 años pueden tomar por sí solos la decisión de un procedimiento no invasivo, como sería el caso de un tatuaje. Es decir, no es correcto afirmar que una persona de 18 años no puede tatuarse sin consentimiento de los padres o tutores.

El Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados respeta plenamente la regla establecida por el Art.26 del Código Civil y Comercial, es decir que:

Las niñas y adolescentes son sujetos de derecho y, en tal carácter, corresponde que ejerzan sus derechos personalísimos, incluidas las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva. El proyecto, remite a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, (art. 26), la Ley 26.061 (Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes) y la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que las adolescentes entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se tratare de tratamientos invasivos que comprometen el estado de salud o ponen en riesgo su integridad o su vida, el/la adolescente entre 13 y 16 años debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores o de una persona que ejerza roles de cuidado formal o informalmente. A partir de los 16 (dieciséis) años el/la adolescente es considerado como un/a adulto/a para las decisiones atinentes a su salud sexual y reproductiva.

En el caso de niñas y niños menores de 13 (trece) años, se deberá respetar su derecho a ser escuchadas/os y a que su opinión sea tenida en cuenta en todas las decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Sus progenitores o las personas que ejerzan roles de cuidado deberán participar en conjunto con la niña o niño en la toma de decisiones y deberán firmar el consentimiento informado para la práctica sanitaria que así lo requiera.

5. “Que se piensa hacer con la situación de la educación sexual integral que es planteada como algo fundamental cuando en la mayoría de las escuelas no se ve. Un resultado de las pruebas aprender 2017 demostró que el 75 % de los alumnos planteo que hubo cosas que no vio en la curricula y el 85 % planteo que esto fue la educación sexual.”

6. “Por último la ley 12576 plantea que son los docentes quienes den las clases de educación sexual, que en muchos casos no tienen la información que tienen los doctores. Se controlara que reciban cursos de capacitación y que cada uno deje su ideología de lado a la hora de dar las clases?”.

En nuestro país existe un programa nacional de educación sexual integral, que fue aprobado por la Ley 26.150 en el año 2006.

Según esta ley los educandos tienen el derecho a recibir educación sexual integral (ESI) en establecimientos públicos y privados de las jurisdicciones nacional, provincial, municipal y en la Ciudad de Buenos Aires, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.

Por esta ley, las jurisdicciones se obligan a garantizar la obligatoriedad de acciones educativas y deben garantizar asimismo la inclusión de esos contenidos en la currícula.

Entre las acciones que se han llevado adelante desde la Nación para la implementación de la ley se encuentran la  Capacitación Docente Virtual (que ya ha sumado más de 30.000 docentes), Capacitación Docente Presencial (se han capacitado a más de 166.000 docentes, y se han distribuido materiales en casi 45.000 escuelas),  Perspectiva Federal y Monitoreo (consistente acciones sistemáticas de monitoreo y evaluación para la implementación de la ESI en articulación con las jurisdicciones)  y  Encuentros Nacionales (de los cuales surgieron los indicadores del Sistema de Monitoreo de las Acciones de ESI).

Siendo la educación materia de competencia de las provincias, y sin perjuicio de hacer notar que la ley fue adoptada por todas las jurisdicciones, la misma contiene una cláusula de aplicación gradual, por lo cual son las provincias las principales responsables de su implementación. Seguramente es sumamente necesario sumar recursos y además realizar un monitoreo de aplicación de la ley, precisamente para corregir las falencias de su puesta en práctica. No puedo dejar de mencionar, sin embargo, la oposición de ciertas provincias e instituciones educativas, así como de los propios padres respecto de la obligación de impartir Educación Sexual en las escuelas. Como sociedad, todos debemos cooperar para que el derecho a recibir ESI llegue a todos los niños y jóvenes, ya que con el marco jurídico solo, no alcanza.

Written by Juan Carlos Villalonga