Ante el recorte de recursos para la Ley de Bosques un diputado del PRO impulsa mejoras al presupuesto

Debiera incluir una partida específica superior a los 7090 millones de pesos, pero sólo se asignan para el próximo año 270 millones, un 3,8% de lo dispuesto por la ley 26.331.

 

El Proyecto de Presupuesto 2017 asigna 270 millones de pesos, aunque debiera incluir una partida específica de 7.090.859.612 pesos para el cumplimiento de la Ley 26.331 de Bosques Nativos, recursos que se integran en el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación y que se distribuyen entre las provincias.

“La asignación prevista es la más baja desde 2010, es decir desde que la anterior gestión puso en marcha el fondo que prevé la Ley”, alertó el diputado nacional por la Cuidad Autónoma de Buenos Aires Juan Carlos Villalonga (PRO), un ex Greenpeace.

Según la ley, ese fondo que se distribuye entre las provincias se debe integrar por diversas fuentes, de las cuales dos son de directa responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional: las partidas presupuestarias, que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal.

A través de una publicación en su página web, el legislador del PRO propone a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados como “un objetivo alcanzable”, dotar al Fondo de la Ley 26.331 (destinado a compensar a las jurisdicciones que pudieran verse afectadas por las restricciones de dominio establecidas) con un porcentaje de, al menos, un 25% de lo que hubiera correspondido asignar.

Cifra ínfima

“Es de enorme importancia que en el Presupuesto Nacional 2017 se produzca una mejora sustancial en la asignación de recursos para la aplicación de Ley de Bosques. El Proyecto de Presupuesto considera una cifra ínfima, que refleja más la pobre ejecución presupuestaria de los años previos que la real dimensión de la tarea que debe realizar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en favor de la conservación de estos valiosos ecosistemas”, marca el informe.

Luego, reconoce “la tremenda complejidad en la que se encuentra el gobierno a la hora de asignar los recursos económicos dentro del Presupuesto nacional” para la asignación de recursos.

En ese contexto, propone “una mejora del presupuesto para la Ley de Bosques y que se establezca un sendero de recuperación del presupuesto que le corresponde a la Ley de Bosques”.

Resulta imposible de eludir este compromiso con la preservación de los bosques. Más aún, resulta inexorable que Argentina debe asumir una política de deforestación cero en los próximos años”, subraya Villalonga.

El pedido

En una presentación dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, Luciano Laspina, también del PRO, Villalonga expone su “preocupación” en torno a la asignación presupuestaria.

Sólo para dimensionar lo que esto significa, el Presupuesto para 2017 debería incluir una partida específica de 7.090.859.612 pesos, pero sólo ha incluido la suma de 270 millones de pesos “en franca contradicción con la ley sustantiva y muy cerca de las cifras asignadas por el gobierno precedente”, subraya.

“Esta decisión, además, implica comprometer los anuncios del presidente en materia de cambio climático, y en este sentido, ello podría resultar muy negativo en el plano internacional”. En ese contexto, ajunta al pedido un informe que fundamenta la necesidad de considerar un aumento en la partida presupuestaria cuyo destino son las provincias”.

Requerimientos legales

Según recuerda la Ley 26.331, que establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, fue sancionada en noviembre de 2007 con el objetivo de proteger la porción de bosque nativo remanente en el territorio nacional.

En efecto, el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos elaborado por la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación consignaba, a 2007, algo más de 31 millones de hectáreas, es decir sólo un 30% del bosque nativo original.

Dado que las áreas establecidas como de muy alto y mediano valor de conservación (correspondientes a la Categoría I Rojo- y II Amarillo- de la ley) implican una restricción al dominio, toda vez que en ninguna de ellas podrá efectuarse desmonte ni llevarse a cabo actividades productivas intensivas, la Ley 26.331 previó un fondo para compensar a las jurisdicciones que pudieran verse afectadas por tales restricciones, y en particular a los propietarios cuyas tierras hubieran quedado en zonas de Categoría Roja y Amarilla.

Este fondo, denominado “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”, fue establecido en el artículo 30 de la ley, la que dispone, además, cómo debe integrarse (artículo 31), cómo debe repartirse entre las provincias (artículos 32, 33 y 34) y cómo éstas deberán aplicarlo (artículo 35).

“El tema que nos ocupa es precisamente la integración del fondo, que según el artículo 31 se conformará por diversas fuentes, de las cuales interesa destacar dos, que son de directa responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional”, señala el legislador, haciendo referencia así a las partidas presupuestarias anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; y al 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.

“Si bien en la parte final del artículo 16 del Proyecto de Ley de Presupuesto se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar los montos establecidos de acuerdo a la Ley de Bosques, previa intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, la asignación propuesta representa tan solo el 3,8% del valor que corresponde por ley”, señala el diputado del PRO.

03 Octubre 2016

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