La empresa de procesamiento de uranio, Dioxitek, hoy ubicada en la Ciudad de Córdoba, ya ha intentado en varias oportunidades trasladar sus actividades a otros sitios dado que no tiene permitido seguir operando en esa ciudad. La Rioja, Mendoza y las localidades cordobesas de Embalse Río Tercero y Despeñaderos son algunos de los destinos en los que ha procurado desembarcar y fue rechazada por la oposición que la iniciativa generó.

Dioxitek es una sociedad anónima que pertenece en un 99% a la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y tiene por objetivo producir dióxido de uranio a partir de un concentrado de ese mineral, que es la materia prima con que se fabrican las pastillas de uranio que constituyen el combustible nuclear de las plantas atómicas ubicadas en Embalse y Atucha.

Desde el año 1994, cuando la Municipalidad de Córdoba hizo el primer pedido de cierre, hasta noviembre de 2012, cuando le dio un plazo de un año y medio para suspender de forma total sus actividades dentro del ejido municipal, la empresa viene intentando sobrevivir al rechazo que genera entre los vecinos cordobeses. La última prórroga, otorgada por la municipalidad de Córdoba por pedido del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se extendió por unos seis meses y venció en noviembre de 2014. El 12 de marzo de ese año, el gobierno de Formosa confirmó que la provincia recibiría a la planta de Dioxitek.

Rápidamente el Gobierno de Gildo Insfrán y el Ministerio de Panificación Federal pusieron en marcha el proceso de traslado de la planta. En julio de 2014 se realizó la Audiencia Pública vinculada al Estudio de Impacto Ambiental de la nueva planta de Dioxitek. Dicho estudio fue formalmente aprobado mediante resolución del Ministerio de la Producción y Ambiente el 31 de octubre de ese año. A partir de ese momento comenzaron las inversiones y los trabajos para comenzar la obra de la nueva Dioxitek. 0323_de_vido_insfran_cedoc.jpg_1853027552

A pesar de haber sido una Audiencia Pública en nada favorable  a Dioxitek, la aprobación era una decisión tomada. Pero lo más sorprendente y preocupante es que ni el Gobierno de Formosa ni el Gobierno Nacional evaluaron la existencia de una prohibición constitucional y una Ley Provincial que no permitirían esa planta en territorio formoseño. La situación es realmente un escándalo cuando uno observa que en el Informe de Impacto Ambiental tales normas son ignoradas por completo y, peor aún, el propio  Estado cuando emite la resolución aprobatoria desconoce sus propias leyes. Esta práctica recurrente de soslayar las normativas existentes que restringen la actividad nuclear coloca al sector nucleoeléctrico en una complicada relación con la sociedad.

La instalación de Dioxitek en Formosa es una flagrante violación a normas existentes en esa provincia. Pero el acuerdo del Ministerio de Planificación con Formosa no se hizo esperar y ya en 2014 comenzaron las primeras obras que hoy poseen un estado de avance de alrededor del 18% y que sumarán un monto de alrededor de 150 millones de dólares.

Hay un hecho que torna totalmente irracional este proyecto, más allá de las prohibiciones existentes. La logística que su operación demandará es costosa y totalmente ineficiente. El uranio llegará vía importación a algún puerto de la Provincia de Buenos Aires y deberá ser trasladado a Formosa, para luego ser enviado desde Formosa nuevamente a Ezeiza (Buenos Aires) donde se fabricará el combustible. Es decir, Formosa es la peor opción en cuanto a la logística, incrementando transportes, costos y riesgos.

Sin duda, de ser trasladada la empresa Dioxitek, el sitio racional para ser ubicada es el Centro Atómico Ezeiza donde se complementaría con la Fábrica CONUAR allí ubicada y que es la que utiliza el insumo producido por la planta de Dioxitek.

La lógica que ha imperado históricamente en el sector nuclear no ha sido la eficiencia ni, mucho menos, buscar la mejor ecuación económica. A lo largo de los años, los gastos han sido siderales sin relación alguna con la real producción energética. Algunas inversiones directamente pueden calificarse como un robo a las arcas públicas. La irracionalidad de Dioxitek en Formosa es un ejemplo de esa conducta. Este punto que señalo debería ser tomado en cuenta por la industria nuclear como un aporte  para que oriente su desarrollo con mayor racionalidad y pueda llevar sus costos a una escala que les permita ser una actividad medianamente viable.

Más allá de mi opinión crítica respecto de la energía nuclear, lo que procuro es que la actividad nucleoeléctrica existente, y durante el tiempo que perdure, tenga racionalidad económica y sea respetuosa de las normas vigentes. Ninguna de estas cosas se está cumpliendo con Dioxitek en Formosa.

Juan Carlos Villalonga, Diputado Nacional (Cambiemos)

Written by Juan Carlos Villalonga