Esta semana que pasó se emitió finalmente dictamen al proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios” que ya tiene media sanción del Senado de la Nación. Dicho proyecto tiene grandes virtudes, por ejemplo, establece por primera vez en Argentina un régimen de “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP) para la gestión de residuos. Aunque por tratarse de una materia tan sensible como son los envases de fitosanitarios, residuos peligrosos que se dispersan sin control por todo el país, requería ese texto de algunos ajustes en la redacción de algunos de sus artículos. Se estiman que alrededor de 17 millones de envases vacíos se generan anualmente.

Son varios los diputados que hemos planteado observaciones para ser tenidas en cuenta a la hora de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Esperemos que pronto se convierta en Ley al aprobarse en la Cámara de Diputados. Entre tanto, comparto aquí mi acompañamiento al proyecto con las siguientes “disidencias parciales” que esperemos sirvan como alerta a la hora de su implementación por parte del Poder Ejecutivo.  El dictamen se aprobó en plenario de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Industria y de Agricultura y Ganadería a lo largo de dos sesiones, en la primera el 11 de agosto y finalmente el 18 de agosto.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR DIPUTADO JUAN CARLOS VILLALONGA

 

Señor Presidente:

 

Me dirijo a usted a fin de manifestar mi disidencia parcial al dictamen de mayoría de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, en relación al Proyecto de Ley 138-S-15 sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, que ha venido en revisión a esta Honorable Cámara.

En efecto, se trata de un Proyecto de Ley que obtuvo sanción de la Honorable Cámara de Senadores y que fue trabajado antes del año 2015 en diversas instancias, desde el Poder Ejecutivo Nacional, con determinados actores interesados en la gestión de los envases de agroquímicos. En este sentido, debo señalar que también hubiera sido auspicioso que esta casa convocara a otros sectores involucrados , dada la importancia de la materia a regular, es decir, la gestión de envases que han contenido sustancias peligrosas, generando por lo tanto, residuos peligrosos que también deben ser debidamente manipulados, tratados y dispuestos.

Hecha esta salvedad, y sin dejar de mencionar que con una más amplia participación podrían haberse subsanado errores conceptuales  y de técnica legislativa de los cuales el proyecto adolece, paso a mencionar los puntos que me han producido una especial preocupación:

 

1.- El artículo 5 del Proyecto de Ley en revisión citado establece los principios rectores de la ley y específicamente en su inciso b), dispone el principio de interjurisdiccionalidad –totalmente correcto desde un punto de vista conceptual-, según el cual las autoridades competentes, al celebrar acuerdos para regular los movimientos interjurisdiccionales “no podrán colocarse en una posición de aislamiento económico, social y ambiental”.  Este inciso agrega que el tránsito interjurisdiccional “no podrá ser prohibido por las provincias, pero sí razonablemente reglamentado”.

En la misma línea, el artículo 18, inciso h) establece que dichas autoridades deberán respetar el principio aludido.

No se escapa el hecho que determinados residuos -como los envases de agroquímicos- presentan características que requieren una gestión sistémica y común, siendo necesario prever que en algunos casos será indispensable la regionalización de la misma a fin de que los planes de gestión resulten sustentables desde el punto vista económico, social y ambiental. Sin embargo, las disposiciones apuntadas avanzan sobre potestades provinciales y municipales, entre las que se incluyen la de ordenar el territorio y disponer respecto de la gestión ambiental de los residuos en sus respectivas jurisdicciones.

Teniendo en cuenta además que existen una serie de prohibiciones de tránsito e ingreso de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos  y radioactivos en distintas jurisdicciones del país que se encuentran plenamente vigentes, considero que tales restricciones deben ser motivo de debate y revisión por parte  de las propias autoridades que las  establecieron. No debemos obligar -por medio de una ley nacional- a prohibir que esas medidas se establezcan.

Dichas medidas de restricción a una serie de actividades y traslados de sustancias  obedecieron a la necesidad de las jurisdicciones locales a custodiar sus territorios de decisiones inconsultas,  por la fragilidad de los organismos de control  y muchas veces por la propia adopción de criterios de desarrollo local.

Tras muchos años de débiles políticas de  fiscalización y leyes incumplidas, las jurisdicciones locales encontraron a través de estas medidas un modo de  resguardar sus jurisdicciones y el interés de su población,  y asimismo como una manera de reclamar al Estado Nacional por mejores marcos jurídicos. La  legitimidad de esas medidas hacen que considere muy  riesgoso que este Congreso establezca el precedente de prohibir a las jurisdicciones el dictado de normas para las cuales son absolutamente competentes.

Una legislación como la presente puede brindar la confianza y la predisposición a que muchas restricciones locales sean revisadas, pero eso debe ocurrir porque el Estado Nacional implementa esta norma de un modo creíble, sostenible en el tiempo y que genere la confianza suficiente como para que las jurisdicciones decidan de manera autónoma sumarse a las correctas y esperables políticas de gestión interjurisdiccionales.

El transporte y tratamiento de los residuos peligrosos dentro del país debe tender a la racionalidad y sustentabilidad en el marco de los principios de proximidad y suficiencia, pero en términos institucionales no constituye un antecedente auspicioso que la Nación avance sobre decisiones jurisdiccionales legítimas.

 

2.- El artículo 14 del proyecto en cuestión dispone que la autoridad de aplicación de la ley será constituida de modo conjunto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y por la autoridad ambiental nacional, cuando es competencia exclusiva de esta última entender en el control y fiscalización ambiental y en la prevención de la contaminación, así como la elaboración de planes, programas y acciones que se emprendan con relación a las leyes de presupuestos mínimos vigentes y que dicte el Congreso de la Nación. Ello, de acuerdo a la Ley de Ministerios vigente y su normativa reglamentaria.

De manera adicional, señalo que todas las leyes de presupuestos mínimos sancionadas hasta el presente y por espacio de catorce años, establecen como autoridad de aplicación de las mismas, exclusivamente, a la autoridad ambiental nacional.

Es decir que se está propiciando una vulneración de la citada Ley de Ministerios, además de sembrarse un antecedente muy negativo, cual es el de restar competencias a la autoridad ambiental nacional, y por carácter transitivo, a las autoridades ambientales locales.

Durante años se trabajó en que se reconociera la cuestión ambiental como una materia transversal y prioritaria en las políticas públicas, bregándose también por una autoridad especialmente enfocada, capacitada y facultada para el control ambiental, y cuya única y fundamental preocupación sea la protección del ambiente. Cuando al fin logramos tener una autoridad nacional con rango ministerial, se avanza en iniciativas que justamente van en el sentido opuesto, vaciando de competencias al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y atribuyéndolas a otro ministerio no habilitado legalmente para ejercerlas.

Debe añadirse además que habitualmente la implementación de normas de manera concurrente por dos o más autoridades, produce un vacío que en  la práctica se traduce en la carencia de fiscalización, lo cual no debería propiciarse en la gestión de envases que han contenido sustancias peligrosas.

No desconozco, Señor Presidente, que el Proyecto de Ley bajo análisis viene a regular estos residuos que, hasta el presente y con la excepción de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, no tienen en el país un régimen legal más específico y adecuado a sus características y modos de generación.  Se trata entonces de una iniciativa positiva que sin embargo merece, conforme lo expresado, observaciones concretas, que de la mano de una mayor apertura en su elaboración y tratamiento deberían haberse superado, en beneficio de todos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares se tenga presente la fundamentación de esta disidencia parcial en el momento de aprobación del dictamen, así como las observaciones sugeridas.

Mi  intervención en el Plenario de Comisiones del 18/8/16:

Written by Juan Carlos Villalonga