A fines de 2017, en el marco de la reforma tributaria propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso, se disparó una interesante discusión en torno a la creación de un impuesto vinculado a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para los combustibles fósiles, que ha sido retomada por estos días por autoridades nacionales. En aquel entonces, la propuesta original tuvo varias modificaciones en los procesos de discusión, al igual que lo ocurrido con otros puntos de esa reforma.

Centralmente, la propuesta del impuesto al CO2 obtuvo más reacciones negativas que favorables. La oposición estuvo básicamente protagonizada por el sector de hidrocarburos y la provincia de Neuquén y, así como ocurrió con otras reformas propuestas en otros sectores económicos, dichas críticas lograron sustanciales modificaciones a la propuesta original. Como contraparte, no hubo desde la sociedad civil sectores activos que la defendieran como para equilibrar la balanza inclinada por el lobby fósil.

Dicho esto, las lecciones que debemos sacar de aquella discusión para el futuro son, al menos, tres:

1) Es un paso muy positivo que el Poder Ejecutivo Nacional haya realizado la propuesta, que el concepto de penalizar las emisiones de CO2 se haya integrado en la reforma fiscal y que ese concepto ya sea ahora parte del sistema impositivo nacional, y se haya incluido dentro la discusión económica del sector energético.

2) Hubo una reacción muy negativa y unánime del sector energético y las provincias productoras de hidrocarburos. Esta reacción se basó en la oposición al concepto de comenzar a penalizar las emisiones de CO2. Fue una oposición conceptual dado que la reforma resultaba neutra en el corto plazo y se aplicaba progresivamente hasta alcanzar en el 2028 los valores expresados en la reforma.

3) El resultado obtenido es aquel que la correlación de intereses y la comprensión política permitieron. Digo esto porque las reformas que atenuaron sensiblemente la propuesta original fueron respaldadas por las fuerzas políticas mayoritarias, y políticamente tampoco hubo respaldo a la propuesta original. Esto debe ser tenido en cuenta por aquellos que estamos preocupados por acelerar la transición energética. La penalización de las emisiones de CO2, o la introducción de cualquier otro instrumento económico en esa dirección, deberá gozar de un mayor respaldo técnico, económico y político.

Teniendo en cuenta que la Argentina ha decidido por estos días retomar esta discusión, la conversación sobre la necesidad de penalizar las emisiones de CO2 requerirá de una mayor comprensión dentro del mundo de la política, una mayor aceptación dentro del sector energético y un mayor respaldo de una sociedad informada y activa.

 

Energía Positiva, noviembre 2018.

Written by Eugenia Testa