septiembre 15, 2016 Publicaciones 4 comentarios

En el día de ayer, en la Cámara de Diputados, dimos aprobación definitiva a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos (Orden del Día 403). Me parece oportuno resaltar algunos elementos que me parecen relevantes de esta aprobación y aquellos puntos que quedan pendientes de una correcta reglamentación y aplicación de la norma.

Existen algunos aspectos que hacen de este proyecto una herramienta muy relevante dentro de la estructura de la política ambiental a nivel nacional. En este sentido, quiero destacar que este proyecto llega a la Cámara de Diputados luego de 4 años desde la última oportunidad en la que el Congreso de la Nación aprobó una ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental (Ley sobre el Sistema Federal de Manejo del Fuego, sancionada en 2012). Recordemos que el dictado de este tipo de leyes es una competencia que la Constitución otorga al Congreso Nacional, con el propósito de establecer una base común en materia de protección ambiental para todo el territorio argentino.

Haciendo uso de este instrumento, esta ley procura poner orden en una materia en la que existe una extendida preocupación en la  población en cada una de nuestras provincias. Todos sabemos la preocupación que existe en torno al uso, aplicación y potenciales riesgos sobre el uso de distintos tipos de agroquímicos en la actividad agropecuaria. Es bueno que el Congreso apruebe un instrumento que si bien no dará respuesta a todos los interrogantes y preocupaciones, sí puede dar una respuesta concreta a un aspecto sensible dentro de este complejo tema.

Se trata del descontrol, manejo inapropiado o total desmanejo, en muchos casos, en lo que hace a la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios o agroquímicos, con el consiguiente riesgo ambiental y sanitario que esto supone. No es necesario que señale la importancia de la actividad agropecuaria en el país y su relevancia económica. Por eso mismo, es imprescindible que este sector vaya dando respuesta a las preocupaciones que la propia actividad viene generando en las poblaciones rurales. Una de las centrales, el manejo de las sustancias químicas que se utilizan. Esta ley procura dar pautas de gestión para una etapa sensible del circuito: el manejo de los residuos que la aplicación de estos productos generan. En este caso, los envases y sus residuos.

En efecto, estos envases que se generan diariamente en todo el país, por las características de las sustancias que han contenido, deben manejarse con los cuidados que exigen los residuos peligrosos y de hecho están contemplados en la Ley 24.051 (residuos peligrosos) que los regula, más allá de este proyecto. Si bien no existen datos oficiales disponibles sobre la cantidad de envases de agroquímicos generados en Argentina, entidades del sector estiman que son alrededor de 17 millones de envases generados en el año 2011, dato que nos da una idea de la magnitud del problema y la imperiosa necesidad de regularlos y gestionarlos de manera adecuada.

Quiero destacar que esta ley es la primera norma de carácter nacional  que incorpora el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que hace referencia a, como mínimo, la responsabilidad legal y financiera de los fabricantes por la gestión de los productos que introducen en el mercado, luego que finaliza la vida útil de los mismos. En este caso se trata de los envases vacíos luego de la aplicación de los productos químicos. Esta será  la primera ley argentina en introducir el principio de la Responsabilidad Extendida del Productor, lo que hace que esta iniciativa deba ser evaluada como positiva e innovadora dentro de la normativa ambiental de nuestro país.

Destaco también que este es un proyecto que vino en revisión desde el Senado de la Nación y que se gestó hace un par de años desde el Poder Ejecutivo de la anterior gestión. Hemos rescatado la iniciativa y hemos puesto el énfasis en procurar que predominen los puntos comunes antes que aquellos puntos que puedan generar algunas discrepancias. Si bien en diversos artículos hubiera deseado una redacción más precisa y clara, se apostó por no demorar la sanción del proyecto con  modificaciones y procurar así que las debilidades que hemos encontrado en el trabajo en comisión en el texto, sean subsanadas en la reglamentación que realice el Poder Ejecutivo, ya que se trata de cuestiones que bien puede resolverse de ese modo.

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Uno de los aspectos que algunos diputados han señalado durante el análisis de este proyecto ha sido el riesgo de que esta ley “desclasifique” a los envases de agroquímicos  de la categoría de residuos peligrosos. Tal cosa no es posible ya que en ningún artículo se establece tal definición. En ningún punto se desclasifica, ni tampoco se deroga la Ley de Residuos Peligrosos, que continuará aplicándose a estos envases. Entendemos que cada etapa de la cadena logística que esta norma establece deberá cumplirse con el resto de las normas ambientales vigentes, entre ellas, la ley de residuos peligrosos.

No desconozco que existen ideas dentro del ámbito político y en el sector privado que aspiran a una “desclasificación”. La existencia de semejante disparate no está reflejada en la letra de esta norma. Por supuesto, habrá que estar atentos.

Obviamente, el manejo del envase que haga el productor agropecuario tendrá que tener un tratamiento apropiado y eso deberá resolverse por una adecuada y lógica reglamentación, ya que no es lógico pensar que el chacarero o quintero se deba convertir en un operador de residuos peligrosos con la rigurosidad de la ley específica. Ese primer eslabón en la cadena logística inversa de los envases deberá regirse por estrictas normas de buenas prácticas. A partir de que los centros de acopio toman los envases, toda la gestión debe cumplir con rigurosidad las normas ambientales vigentes, incluidoda, la ley 24.051.

Esta ley sí presenta dos cuestiones que en mi opinión no han sido debidamente resueltas o plantean una redacción inapropiada que quiero señalar para que esto pueda ser tenido en cuenta cuando se aplique la norma. Un aspecto tiene que ver con el Principio de Inter-jurisdiccionalidad y el otro es la doble autoridad de aplicación. Ambas cuestiones las he plasmado oportunamente en la Disidencia Parcial al proyecto. Sugiero leer la OD 403 y la nota Envases de agroquímicos, no debemos violentar las normas locales y provinciales“.

La redacción del artículo 5, donde se establece El Principio de Interjurisdiccionalidad en el que se alienta a las autoridades competentes (entiéndase, provinciales) a celebrar acuerdos para regular los movimientos inter jurisdicciones, para lo que “no podrán colocarse en una posición de aislamiento económico, social y ambiental”, agrega una expresión controversial cuando señala que “no podrá ser prohibido por las provincias”. Creo que esto es un error.

A nadie escapa el hecho de que este tipo de residuos requieren una gestión de alcance regional, porque sería imposible que cada comunidad o provincia se hiciera cargo de gestionar la totalidad de los envases usados en sus propias jurisdicciones. Sin embargo, la expresión incluida en el artículo 5 avanza sobre potestades locales, entre las que se incluyen la de ordenar el territorio, disponer restricciones al movimiento de sustancias peligrosas o establecer normas que definan criterios de desarrollo para sus comunidades, tales como promociones o restricciones de actividades específicas.

Como es sabido, existen una serie de prohibiciones de tránsito e ingreso de residuos de diferente tipo o de actividades que generan controversias en distintas jurisdicciones del país y todas se encuentran plenamente vigentes. Tales restricciones deben ser motivo de debate y revisión por parte  de las propias autoridades que las establecieron. Pero no debemos obligar -por medio de una ley nacional- a prohibir que esas medidas se establezcan, porque ello es competencia de las jurisdicciones locales.

Las buenas prácticas que esta ley propone y la buena aplicación de la norma deberán ser los elementos que promuevan el debate y la revisión de las normas restrictivas que hoy existen, ya que no existirán riesgos al hacerlo si es que el Estado aplica esta ley de manera transparente y satisfactoria.

Venimos de muchos años en donde el Estado ha aplicado defectuosamente o tramposamente las normas, que ha engañado y ha sido ciego a las violaciones de las normas. Eso permite entender la razonabilidad por la que tantas comunidades han rechazado el ingreso a sus jurisdicciones de residuos peligrosos, entre otras restricciones. Ha sido una reacción natural y lógica frente a un Estado ausente en el mejor de los casos. Para desandar ese camino, hay que hacerlo colocando al Estado en un lugar de confianza y transparencia. Recién allí podremos esperar que las restricciones que resulten innecesarias se deroguen, pero no porque lo diga una ley nacional.

Por último, otro aspecto que se ha señalado en los debates en comisiones es la Doble Autoridad de Aplicación. El artículo 14 del proyecto dispone que lo serán de modo conjunto el Ministerio de Agricultura y la autoridad ambiental nacional, cuando en realidad la competencia corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es  éste el que debe entender en el control y fiscalización ambiental de las leyes de presupuestos mínimos vigentes y las que dicte el Congreso de la Nación.

Todas las leyes sustantivas de presupuestos mínimos sancionadas hasta el presente y por espacio de catorce años, establecen como autoridad de aplicación, exclusivamente, a la autoridad ambiental nacional.  Es decir que estaríamos sembrando un antecedente negativo, cual es el de restar competencias a la autoridad ambiental nacional, y por carácter transitivo, a las autoridades ambientales locales. Por supuesto que diferentes ministerios o dependencias del Estado comparten responsabilidades y competencias en la aplicación de esta norma, como es el caso de la mayoría de las normas de presupuesto mínimos. Este punto deberá  ser subsanado apropiadamente en la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Con la creencia de que estos aspectos que hacen a la claridad de redacción de la norma podrán ser subsanados sin mayores dificultades en la reglamentación, sugiero que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación convoque a un proceso de elaboración participada para el decreto reglamentario, lo que implicaría un modo de iniciar la aplicación de esta  ley de forma muy sólida y criteriosa.

Por último, me parece de enorme importancia  que el país cuente a la brevedad  con un sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Estamos hablando de la dispersión a lo largo y ancho de nuestro país de envases que contienen restos de sustancias de todo tipo  que contienen en su conjunto más de 1.000 principios activos de diversa peligrosidad. Un cóctel químico de altísimo riesgo si no es gestionado adecuadamente. Con esto estamos dando una primera respuesta a una preocupación ambiental de  gran parte de la población.

Hechas las salvedades señaladas, esta ley significa un importante avance en la correcta gestión de los residuos en el marco del Principio de Responsabilidad Extendida del Productor. Aún cuando podamos mejorarlo a futuro, es un paso en la dirección correcta y que se ajusta a las reales y actuales posibilidades de consenso político en el Congreso de la Nación.

Cali

 

Written by Juan Carlos Villalonga