Durante esta semana que pasó he visto, una vez más, con resignación y una dosis de estupor, como son de superficiales los supuestos debates políticos y cómo se alienta al público a razonar de un modo simplón y torpe. En esto le caben responsabilidades tanto a dirigentes políticos como a varios periodistas.

Me refiero al caso del Correo Argentino porque nos muestra cuánto cinismo e hipocresía se ha puesto en marcha alrededor de este tema.

El supuesto “affaire” o “escándalo” del Correo y el repetido “conflicto de intereses” supuestamente existente en el acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino SA ha sido un ejercicio supremo de hipocresía, alentándose prejuicios y manipulando a la opinión pública.

Estamos ante un proceso naturalmente complejo en términos procedimentales como son los de concurso y quiebra, con el agravante de una historia de desmanejos y decisiones alocadas como lo fueron la propia privatización y luego la “restatización” del correo. Este proceso ha recibido un tratamiento distorsionado con el único propósito de enloquecer a la opinión pública que lejos está en condiciones de dedicarse a estudiar una causa de estas características.

Cuando uno indaga un poquito acerca de cuáles son las verdaderas objeciones a esta negociación puede ver con desazón que de lo que se trata es de difamar hasta el hartazgo la “existencia de un conflicto de  intereses” basado en la mera presencia del mismo apellido Macri en ambos extremos de las partes negociadoras. Este último es un dato de la realidad inmodificable y para el cual existen mecanismos y controles estatales que funcionan y alejan toda posibilidad de favoritismo. Pero eso no les importa a una oposición irracional y a un periodismo que entró en fase carroñera. Usan y alimentan el prejuicio hacia el apellido Macri y de ese modo “ratifican” que se trata de un gobierno de CEOs corruptos y que se adueñaron de la patria.

Por supuesto que existe un potencial “conflicto de intereses”, en éste como en muchas otras circunstancias que tiene que enfrentar el gobierno de Cambiemos, pero eso no quiere decir que sus acciones estén viciadas y corrompidas por ese potencial riesgo. Usar ese potencial riesgo para dañar sin pruebas es un poco miserable.

Es interesante, muchos de los que ejercitan ese alarmismo mentiroso, fueron testigos silenciosos de que los “conflictos de intereses” durante la era K no era siquiera puestos en duda, los intereses eran uno solo: el Estado en función de la familia presidencial. No había conflicto.

Pero vuelvo sobre el correo. La negociación en la causa Correo SA de la que hablamos, se realizó el año pasado. El proceso judicial se inició en el año 2001 y desde entonces no se avanzó en la  solución. El único perjudicado por esa demora es el propio Estado, ya que por la propia ley que regula este tipo de procesos, el crédito que cobraría el Estado no es sometido a ningún tipo de actualización, o sea, durante todos estos años se fue licuando el valor de ese capital, favoreciendo claramente a la empresa Socma. Aventuraría que la buena relación y apoyo de Franco Macri hacia el gobierno de los K podría tener un correlato en la paralización de este proceso, pero bueno, es especulación.

Además no me parece menor señalar que el acuerdo se realizó en el marco de una audiencia pública, con la presencia de dos camaristas y de los síndicos controlantes, síndicos verificantes y los síndicos generales.

La negociación conduce a llevar el monto original de unos $300 millones a cobrar unos 600 a lo largo de 15 años. Es el acuerdo más ventajoso para el Estado de los que se puso en la mesa desde el año 2001. ¿Se puede conseguir uno mejor? Es materia  opinable, claramente. Sin embargo, no he escuchado voces que dijeran algo con fundamento en tal sentido.

La denuncia de la fiscal diciendo que el valor del capital adeudado debía llegar a más de $4.000 millones (algunos escalaron hasta unos $70.000 millones) es un disparate.

El sábado pasado, en su columna en el diario Clarín, Jorge Lanata dice:

“Durante una década el gobierno kirchnerista hizo lo posible para no cerrar la causa del Correo. Aunque se sabe, y es una obviedad: como las deudas en los concursos no se indexan, el tiempo juega a favor del deudor. Si Macri quería favorecer a su padre lo mejor hubiera sido no cerrar nunca nada, o dejar que se extendiera aun más el plazo del acuerdo.

En su escrito, la fiscal anexa dos planillas con indexaciones confusas. Aunque hubiera hecho bien las cuentas, no podrían llevarse a cabo, porque la ley de quiebras dice que no puede indexarse: ¿para qué las puso?

Cristina, luego, toma la más exagerada e intenta transformarla en realidad: le perdonaron a Macri 70.000 millones, la cifra indexada proyectada en veinte años. Nos pasamos, entonces, diez días discutiendo algo que nunca podría haber pasado.

El gobierno perdió contra un amague.”

Este  es tal vez el punto político relevante. El gobierno actúa, en éste, como ha sucedido en otros casos, sin prever la actuación de la oposición. Este es el “error”. Un “error” en materia política al no prever cómo se desplegaría la batalla político-electoral a través de los medios.

Ahora, que uno reconozca este error no implica aceptar que el proceso esté viciado de intereses espurios. El propio presidente lo ha reconocido como un error estratégico y ha encomendado realizar un nuevo proceso de negociación, extremando las medidas de transparencia, casi cercanas al absurdo, para evitar así o minimizar el uso de los prejuicios como un arma política destructiva.

He decidido involucrarme en política y eso implica muchas, muchas cosas. Pero una de las que  me asombran diariamente es la distancia entre lo que ocurre y lo que se vende a través de los medios. No estoy culpando a los medios, culpo a la política a no desafiar al status  quo -a la cruel realidad que debemos modificar-, con hechos e ideas contundentes, con visión y realismo. Lo que veo, en cambio, son operaciones miserables y efectistas, fáciles de digerir pero de altísima toxicidad.

Cali

(al final unas actualizaciones importantes)

 

Actualización 1)

Me parece importante actualizar esta nota con la siguiente información, ahora la Auditoria General de la Nación (AGN) recibió el encargo del Congreso Nacional para que realice una auditoría sobre la gestión realizada en este tema. Si bien no es materia de la AGN actuar en esta instancia, puesto que la AGN audita diferentes aspectos de la gestión pública, no lo hace en una etapa previa de dicha gestión. Como el plan de trabajo de la AGN es un mandato del Congreso de la Nación, es este organismo legislativo quien debe pedir formalmente la intervención de la AGN. Efectivamente, el Poder Ejecutivo, a través de la bancada del oficialismo, pidió a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que encargue a la AGN una auditoría sobre la negociación en curso en torno al conflicto del Correo con el Estado Nacional. Dicho pedido se aprobó el 22 de febrero pasado otorgándole a la AGN un plazo de 120 días para expedirse. Actualmente, esa auditoría ya se encuentra en curso. Recordemos que la Auditoría General de la Nación es encabezada por Oscar Lamberto, a propuesta de la oposición. La AGN ya se encuentra en pleno trabajo para elaborar el resultado a ser presentado ante el Congreso. Para des-escandalizar un poco.

Actualización 2)

Otra novedad. Esta semana que pasó, y para disminuir el margen de “escandalización” que se pretende instalar en la sociedad, el Poder Ejecutivo emitió 2 decretos, el 201 y 202 de 2017, en los que se establecen diversas medidas para resolver posibles casos de conflicto de intereses. Al mismo tiempo, se presentaron diversas iniciativas legislativas del oficialismo en el mismo sentido. Nunca antes existieron mecanismos de este tipo para controlar la administración pública.

Written by Juan Carlos Villalonga