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Ley de Glaciares

Un gran paso en el Congreso

Juan Carlos Villalonga

Director de Campañas de Greenpeace Argentina

La aprobación de la “Ley de Glaciares” ha sido un gran paso dado por el Congreso Nacional a pesar de la insistente y desproporcionada presión ejercida desde la corporación minera en contra de esta norma. Cuando decimos “corporación minera” hacemos referencia a la alianza que se conformó entre empresas mineras, viagra cámaras empresarias y una gran cantidad de gobernadores y funcionarios públicos cuyo objetivo central fue procurar que Argentina no tuviera ley de glaciares.

Luego de una larga sesión que culminó a las 4:30 de la mañana del jueves 30 de septiembre, los senadores aprobaron con 35 votos a favor el proyecto de Ley, conocido como “Filmus–Bonasso” por sobre el proyecto original del Senado que obtuvo 33 votos.

El proyecto convertido en Ley fue apoyado por organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas de todo el país, cialis mientras que la versión original del Senado contaba con el respaldo de algunos gobernadores y de las cámaras mineras. Sin embargo, debemos señalar que los votos por la ratificación del texto del Senado fueron votos mentirosos, ya que su objetivo era que no hubiera ley. El apoyo al texto original del Senado fue la estrategia adoptada por quienes no quieren ninguna ley de glaciares, las declaraciones públicas de muchos de quienes militaron en esta posición así lo demostraron.

El proyecto aprobado asegura que todos los cuerpos glaciares y periglaciales serán protegidos básicamente de la actividad minera, con un apropiado régimen de prohibiciones, en el que quedaron exceptuadas, por ejemplo, las obras de infraestructura, las que obviamente deberán ser sometidas a las evaluaciones de impacto ambiental de rigor. Además, se desarrollará un imprescindible inventario y monitoreo de dichas áreas, las que constituyen vitales reservorios de agua y que están sufriendo su masivo deterioro debido al calentamiento global.

Las prohibiciones contenidas en la nueva ley son absolutamente racionales y oportunas teniendo en cuenta el nuevo riesgo que representa hoy el desarrollo de la minería en la alta montaña, a más de 4.000 metros de altura, la que comenzó a competir con la presencia de los glaciares. Resulta esencial establecer un criterio básico de ordenamiento territorial en esas zonas.

Sin embargo, aún quedan por delante varios obstáculos que la ley deberá sortear para que pueda tornarse verdaderamente operativa. Por un lado, el contraataque judicial, que ya han prometido varios gobernadores, procurando neutralizar o debilitar la norma, con la excusa de la defensa de un federalismo pésimamente entendido. Lo que subyace detrás de este tipo de planteos es la rebeldía que los gobernadores plantean frente a toda ley ambiental de “presupuesto mínimos” que el Congreso Nacional pretenda aprobar, facultad otorgada por la Constitución Nacional en su reforma de 1994.

Por otro lado, la calidad de la reglamentación de la norma y la provisión de los fondos para que puedan desarrollarse rápidamente los inventarios y éstos puedan sostenerse en el tiempo, son dos situaciones que deberán resolverse adecuadamente. Ambos factores dependen de la voluntad del Gobierno Nacional de no debilitar la ley y respetar íntegramente sus objetivos.

Aún así, los glaciares, debidamente monitoreados y neutralizado el riesgo de la actividad minera, no estarán exentos de su desaparición total en algunas décadas -como es el caso de los glaciares de Cuyo- debido al cambio climático. La Ley de Glaciares señala que el Gobierno Nacional deberá utilizar la información brindada por el inventario de glaciares para fortalecer su posición frente a las estrategias internacionales que se esfuerzan en negar el cambio climático. Este último aspecto es esencial y Argentina debe salir de una posición de total prescindencia e inacción frente al estancamiento en las negociaciones climáticas.

El Gobierno Nacional debe adoptar una política climática doméstica que coloque a las inversiones públicas en la dirección correcta, a la par de fomentar marcos regulatorios que hagan que el mercado se adecue al desafío climático. La Ley de Glaciares es una parte de todo eso.

Asimismo, debe dotar de recursos a la Ley de Bosques Nativos, desfinanciada desde su promulgación en 2007, uno de cuyos objetivos es evitar las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la deforestación. Y redirigir las inmensas inversiones que hoy se destinan a los combustibles fósiles hacia el postergado, por más de diez años, desarrollo de la energía eólica. El impulso a la generación eléctrica mediante usinas de carbón es una de las irracionalidades más notorias.

La permanencia de los glaciares, reservas vitales de agua dulce, ha recibido una protección sumamente importante con la ley de glaciares. Aún así, no es suficiente. El cambio climático es su peor amenaza y para neutralizarla se requieren políticas de desarrollo local, nacional y global que atiendan correctamente ese desafío. La reducción de los glaciares es un registro visible de la inacción generalizada.

Written by Juan Echeverria