Quiero volver sobre un tema al que reiteradamente se hace referencia, a mi juicio, erróneamente. Se trata de la polémica en torno a las “ retenciones ” a las exportaciones. Un tema conflictivo y demasiado adjetivado.

En una nota anterior he realizado consideraciones generales sobre el funcionamiento de las retenciones, su lógica y los motivos por los que no me  parece relevante su eliminación desde el punto de vista ambiental, aunque sí de enorme importancia para las economías regionales. Sugiero leer esa nota ya que el presente texto es complementario.

También me sorprende la reiteración de estas consideraciones por parte de algunas voces del ambientalismo. Ya he anticipado las razones – que pueden leerse en la nota ya mencionada – por las que creo totalmente erróneo señalar las retenciones como un reaseguro ambiental o un “correctivo” empresarial,. Sólo quiero ahora enfatizar la distorsión económica a la que conducen.

Con frecuencia escucho por parte de sectores de la oposición política criticar la quita de retenciones  a la minería o al campo. Dichos juicios suelen provenir de dirigentes opositores de aquellas provincias a las que la quita no afecta, como ocurre por ejemplo con los de las jurisdicciones pampeanas que se pronuncian sobre  las quitas a la minería, pero nada dicen sobre las del agro. Un modo muy sencillo de pasar  por “progres” sin ningún costo territorial.

Las retenciones a la exportación son un muy mal instrumento económico cuya aplicación sólo se justifica en situaciones excepcionales de rentas extraordinarias. Las asimilo a un peaje que el Puerto de Buenos Aires cobra a las economías provinciales cuando estas exportan. Una forma de capturar fondos sin lógica alguna y un impuesto que se aplica a la facturación bruta de las exportaciones sin discriminar qué parte constituyen renta y qué parte es costo de producción.

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Algunos suponen que con la aplicación de las retenciones el Estado actuará como una especie de Robin Hood justiciero. Pero sucede que con este instrumento, el supuesto justiciero atraca a los exportadores sin discriminar si en las bolsas de dinero a confiscar transportan ganancias de los príncipes o es el salario de los trabajadores.

Simplemente se trata de una confiscación indiscriminada por parte del Estado Nacional del dinero que debería fluir hacia las economías regionales. Un instrumento unitario por excelencia.  No es de extrañar que su utilización se haya extendido y popularizado a lo largo de uno de los gobiernos menos federales que hemos tenido.

Las retenciones impactan en la pérdida de competitividad de las economías regionales frente a  los precios internacionales y sobre las producciones más alejadas de los puertos porque tienen mayores costos operativos. Lo que efectivamente hacen las retenciones es reducir exportaciones cerrando actividades y desincentivando inversiones productivas. Su uso, insisto, debe darse sólo en casos excepcionales y nunca como un instrumento de recaudación masiva y sistemática para las arcas nacionales.

Veamos qué sucedió durante el 2016, el año en que se quitaron las retenciones.

Quita de Retenciones en el campo: Se eliminaron las retenciones al maíz, girasol, trigo, carne y economías regionales. Para la soja se redujo un 5%, pasó del 35% al 30%.

Algunos Impactos: Aumentaron las áreas de siembra de otros cultivos reemplazando hectáreas de soja. Para quienes procuramos que la actividad agropecuaria deje de ser tan dependiente de la soja, esta ha sido una medida altamente eficaz.

  • Trigo aumentó su superficie en 20,3%
  • Girasol aumentó su superficies en 18,5%
  • Maíz aumentó su superficie en 5,1%

Aumentó la inversión en las distintas economías regionales vinculadas a la agroindustria en unos $16.000 millones, esto representado a través de empleos, transporte, insumos, maquinarias, etc.

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Durante 2016 se abrieron veintidós nuevos mercados para unos 40 productos y se recuperaron ocho (Ej. Carne bovina a Canadá  y Filipinas, forraje de cebada a Emiratos Árabes, etc.)

No hubo impacto fiscal: lo que se dejó de recibir por retenciones se  obtuvo por impuesto a las ganancias lo que implica un cambio virtuoso. Esta tendencia sigue incrementándose en los primeros meses de 2017.

Quita de Retenciones en la minería: En este caso, se suman razones  legales, ya que el cobro de retenciones era, en algunos casos, violatorio de contratos de explotación acordados con el Estado.

Impactos: El Estado Nacional dejó de recaudar aproximadamente unos u$s 200 millones y se obtienen ahora unos u$s 70 millones por impuesto a las ganancias. De ese ingreso, unos u$s 33 millones corresponden a Nación y unos u$s 37 millones a las provincias. La Nación deja entonces de percibir u$s 167 millones y las provincias obtienen u$s 37 millones. Es decir, es una medida que vuelca recursos económicos a las provincias mediante impuestos, cobro de regalías y la misma actividad económica que se sostiene.

Entonces, lo que se obtiene, en este caso, es que las provincias evitan el cierre de emprendimientos, con la consiguiente pérdida de empleos, pérdida de recaudación y pérdida de cobro de regalías.

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Siempre que se habla de retenciones y minería hay que tratar de hacer el ejercicio de dejar por un momento de lado las consideraciones que uno, legítimamente, puede tener para cuestionar algunas explotaciones. Lo que en este caso estoy analizando es la actividad económica y el impacto sobre la misma de una medida fiscal.

Insisto con lo que ya he dicho: la protección ambiental se realiza a través de medidas ambientales (controles, presupuestos mínimos ambientales, etc.). El pago adecuado por la extracción de recursos naturales no renovables debe realizarse a través de regalías y una justa contribución a la sociedad en base a las ganancias y la actividad económica debe hacerse a través de los impuestos internos que afectan a  la renta y al capital. Y si se trata de una actividad considerada nociva, peligrosa o no deseable, las provincias tienen la facultad de prohibir, restringir u ordenar territorialmente. Lo que no hay que hacer es mezclar medidas con otros propósitos  porque no se resuelve absolutamente nada.

Como ejemplo del impacto logrado durante 2016, el siguiente cuadro sintetiza el sostenimiento de actividades evitando su temprana pérdida de competitividad.

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Un caso es el de la mina  Sierra Grande (Río Negro) que cerró en enero de este año debido a la baja del precio internacional del mineral de hierro: aún sin retenciones, las actividades se suspendieron.

Desde una mirada verde, tanto la actividad minera como la de la agro-industria deben estar inmersas en un robusto marco de control y restricciones ambientales. Tienen que estar dentro de la lógica  de un sistema tributario virtuoso que premie las mejores prácticas y el uso eficiente de los recursos y  genere actividades económicas sostenibles que fortalezcan el desarrollo equilibrado de las diferentes regiones del país.

Esto implica control ambiental, leyes de  presupuestos mínimos que establezcan el piso ambiental que estas actividades deben cumplir en todo el territorio nacional, ordenamiento territorial y respeto por las autonomías provinciales. También debe promoverse la diversificación económica para impulsar un desarrollo regional sostenible. Las actividades productivas deben resguardar los recursos renovables que serán la base económica permanente para la sociedad. Los recursos no renovables deben contribuir por medio de regalías a la reconversión productiva que, inevitablemente, deberá enfrentarse a corto o mediano plazo. Las retenciones no resultan en un estímulo eficaz a ninguno de estos lineamientos. En cambio, su eliminación permitió que fondos provenientes de las exportaciones fluyan hacia las provincias permitiendo que se sostengan allí inversiones y empleos.

Cali

Written by Juan Carlos Villalonga